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Nueve congresistas norteamericanos, entre ellos los representantes de la extrema derecha anticubana en el Congreso USA –los republicanos por La Florida, Ileana Ros-Lehtinen, Carlos Curbelo y Mario Diaz-Balart; el demócrata por Nueva Jersey, Albio Sires; así como el republicano por Nueva Jersey, Leonard Lance; los republicano Frank LoBiondo y Ron DeSantis, el demócrata Bill Pascrell y por la Florida, Ron DeSantis–; promovieron dentro de la Cámara de Representantes un proyecto de resolución denominado H.Res.664, mediante el cual pretenden procurar la extradición desde Cuba hacia Estados Unidos de un grupo de ciudadanos norteamericanos cercano a las 70 personas, entre los que sobresalen los casos de Joanne Chesimard, William Morales y Charles Hill, entre otros. Como pretexto han invocado un obsoleto Tratado de Extradición firmado en 1904 entre los gobiernos de Tomas Estrada Palma y Theodore Roosevelt, y ratificado en 1905.
De forma manipulada el documento pretende inculpar a Cuba de que dichos fugitivos son amparados por la Isla a fin de evitar que sean enjuiciados o recluidos por delitos que cometieron en los Estados Unidos. Asimismo, tratan de emplear a la comunidad internacional como elemento de presión sobre la parte cubana, a la par que exigen al Secretario de Estado y al Fiscal General de EE.UU. para que adopten medidas en este sentido. El paso inmediato ha sido remitir este proyecto de resolución al Comité de Asuntos Exteriores de la cámara baja.
Lo absurdo del caso es que varios de los promotores han convivido y apoyado reiteradamente a numerosos terroristas y prófugos de la justicia cubana, que se encuentran viviendo con total impunidad en los propios Estados Unidos. De la misma manera, la parte norteamericana ha desoído sistemáticamente durante décadas las solicitudes cubanas de deportación de terroristas, asesinos y otros criminales, incluidas las peticiones de nuestra parte en los diálogos entre ambas naciones sobre la aplicación de la ley, iniciados a fines del 2015.
Desde 1959 hasta la fecha Cuba ha solicitado a EEUU a muchos prófugos de la justicia sin éxito alguno, entre los que se destacan casos de asesinos y terroristas como Luis Posada Carriles. Larga es la lista de esos connotados asesinos a los que EEUU ha bendecido impunemente como “refugiados políticos”. ¿Por qué, entonces, inculpar a Cuba de otorgar asilo a quienes considera merecedores del mismo? ¿Es que este acto de soberanía es solo válido para el prepotente Norte?
Los crímenes cometidos contra el pueblo cubano deben ser tenidos en cuenta por estos supuestos promotores de castigo a delincuentes y proceder con el mismo énfasis, si se quiere lograr verdadera justicia y con respeto al uso de la extradición como instrumento del Derecho Internacional.
Muchos han sido los terroristas reclamados por la justicia cubana y que aún gozan de impunidad por sus horrendos crímenes. No me refiero a los más famosos, pero aún recuerdo los casos a Guillermo Casasús Toledo, Miguel Hernández y Jesús Areces Bolívar –todos implicados en el ataque contra el hotel Meliá Varadero el 7 de octubre de 1992; a los terroristas que junto al citado Casasús, como Rigoberto Acosta Díaz, José Méndez Mirabal y Rafael Carrera Manso, atacaron el 2 de abril de 1993 al buque tanque «MYKONOS», de bandera maltesa y tripulación cubano-chipriota frente costas cubanas. Otro criminal, Leonel Macías González, asesino del Teniente de Navío Roberto Aguilar Reyes, el 8 de agosto de 1994, aún goza de protección norteamericana.
Cuba también entregó al FBI las Fichas de los principales terroristas y documentos entregados al Buró Federal de investigaciones de los Estados Unidos de América en 1998. Hasta el momento no hubo acción alguna contra los mismos.
En resumen, este nuevo proyecto es solo una cuestión de conveniencia para la extrema derecha anticubana.

Fuente  Las  Razones de Cuba